CNDH condena asesinato de Aranza Ramos, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
Se exhorta a las autoridades del Estado a realizar una investigación exhaustiva y pronta
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifiesta su indignación y lamenta profundamente el asesinato de Aranza Ramos, quien, de acuerdo con el Frente Nacional Ni una Menos, fue privada de su libertad y luego ejecutada el 15 de julio del presente año, en su domicilio, en Guaymas, Sonora.
Aranza Ramos era víctima indirecta de la desaparición de su esposo, Bryan Omar Celaya Alvarado; esa fue la razón por la que se unió a las Madres Buscadoras de Sonora en diciembre del año pasado, con estos hechos queda una víctima indirecta más, un niño de 2 años, ahora en orfandad.
Todos ellos son víctimas, como muchas y muchos que se han tenido que organizar para buscar a sus familiares a lo largo y ancho del país, forzadas por la falta de apoyos gubernamentales, invirtiendo sus propios recursos, desenterrando restos humanos con sus propias manos, en pie de lucha con la esperanza de encontrar a su familiar, y al mismo tiempo anhelando encontrarlo vivo y no en una de esas excavaciones.
La Comisión reitera su compromiso de acompañamiento a las víctimas, en especial a los colectivos y familiares de buscadoras, y se declara lista para formular y apoyar mejores respuestas institucionales para proteger la seguridad y los derechos de todas las personas que se ven obligadas a realizar acciones de búsqueda en nuestro país. ¡No queremos más madres buscadoras muertas!
Medidas Cautelares.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a diversas autoridades del estado de Sonora la implementación de medidas cautelares para que se salvaguarde la vida, seguridad personal e integridad física y emocional de las y los integrantes del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora”, de su líder Ceci Patricia Flores Armenta, y de familiares de la defensora finada Gladys Aranza Ramos Gurrola, así como para que se busque y localice al señor Bryan Omar Celaya Alvarado, esposo de esta última.
Las medidas fueron dirigidas al comandante de la Guardia Nacional, a la gobernadora del estado, al secretario de gobierno, al secretario de Seguridad Pública, al Fiscal General de Justicia y a la presidenta municipal de Guaymas.